Dos propuestas contra la violencia en el primer debate presidencial

La seguridad pública y el combate a la violencia criminal era, quizá, el tema más relevante para el reciente debate presidencial del 22 de abril, entre los cinco contendientes; presumiblemente era la joya de la corona para poder posicionarse con contundencia positiva en la opinión pública con algunas ideas o propuestas novedosas o que parecieran una “solución” viable al actual desastre gubernamental en esta materia y contra la terrible violencia delictiva que parece imparable.

Sin embargo, lejos de cumplir con la expectativa de escuchar propuestas serias, congruentes y pertinentes, sólo dos candidatos quisieron o pudieron presentar algo sobre el tema.

En el primer segmento del debate denominado Seguridad pública y Violencia, la primera pregunta fue: ¿Qué medidas tomará usted como presidente de la República para combatir la violencia, y qué le hace pensar que tendrá éxito donde todos los demás han fracasado?

En este breve texto, centraré el análisis en dos de las propuestas por tener alguna coincidencia entre ellas. Una es de Jaime Rodríguez, El Bronco,  y otra de José Antonio Meade.

El especialista analiza dos propuestas que se mencionaron durante el primer debate en materia de seguridad pública y combate a la violencia.

Una propuesta que mencionó Jaime Rodríguez Calderón,  fue “construir el FBI que dependa del presidente”.

Para construir una institución de investigación del delito en México, siguiendo el modelo del Federal Bureau of Investigation (FBI) del gobierno de los Estado Unidos de América (EUA), se necesitaría, entre otras reformas:  

1. Crear la figura jurídica del Agentes Especiales que no existe actualmente en México (no son policías, ni policías de investigación, ni ministerios públicos, ni peritos);
2. Diseñar y construir el laboratorio de investigación científica de delitos más grande del país y Latinoamérica, con múltiples especialidades periciales y dotarle de las más avanzadas tecnologías de procesamiento de datos que les permita, entre otras capacidades, contar con los archivos de todos los registros criminales del país (conjuntar los archivos de PGR, CISEN, SEDENA, Plataforma México, etc.);
3. Contratar personas de trayectoria científica y académica para los laboratorios especializados y dotarlos de salarios equivalentes a directores generales del gobierno federal;
4. Los Agentes Especiales deberán provenir las múltiples disciplinas académicas y contarán con la autonomía para iniciar investigaciones, hacer arrestos por sí mismos, etc. El FBI no sólo investiga delitos federales (delincuencia organizada, delitos cibernéticos, fraude, secuestro, corrupción pública, etc.), además le conciernen temas de seguridad nacional (terrorismo, espionaje) y proporciona apoyo técnico y logístico a las agencias de seguridad de todos los niveles de gobierno de los EUA. Pero, a diferencia de lo que propone El Bronco, el FBI no depende del presidente sino del procurador general (aunque legalmente se dice que están al servicio del presidente).

Ahora bien, en el contexto de la raquítica institucionalidad mexicana, la propuesta de Rodríguez Calderón debería generar toda una reingeniería del sistema de procuración de justicia, pues esta oficina de investigadores deberá tener la relación jurídica de gran autonomía funcional respecto de los fiscales o ministerios públicos federales, al estilo del sistema penal norteamericano; recordando que los fiscales sólo son acusadores en las causas o procesos penales, no son investigadores. Así entonces también se pondría en crisis la función investigadora que tiene el Ministerio Público en nuestro país.

Además, debe precisarse que si bien es muy importante el FBI en la investigación de delitos, también existen más de 20 oficinas federales que investigan otros delitos específicos y también sus funcionarios son Agentes Especiales: la Oficina antinarcóticos (DEA), la Oficina de control de alcohol, tabaco, armas de fuego y explosivos (ATF),  la Oficina de prisiones (BOP) , el Cuerpo de Alguaciles (U.S. Marshals), el Servicio de investigación Postal (U.S. PIS), la Oficina Ejecutiva para Fuerzas de Tarea contra la Delincuencia Organizada y los Delitos Asociados al Narcotráfico (OCDETF), Oficina de Sentencias, Monitoreo, Aprehensión, Registro y Rastreo de Delincuentes Sexuales (SMART), etc.

Así, entonces crear una FBI “a la mexicana” implica mucho más que crear un nuevo cuerpo de policía federal u otra fiscalía.

La propuesta del candidato presidencial implica más que crear un nuevo cuerpo de policía federal u otra fiscalía.

Por otra parte, José Antonio Meade propuso crear la “Agencia de Investigaciones Especializada en Robo, Extorsión, homicidio, feminicidio, secuestro y trata de personas” (AIE). A falta de mayor información es posible suponer que esta idea pretender reproducir el esquema de la actual Agencia de Investigación Criminal (AIC), que es un órgano desconcentrado de la PGR adscrito a la oficina del procurador, agencia en donde están bajo un solo mando institucional los servicios periciales, los de inteligencia (CENAPI) y la Policía Federal Ministerial (PFM).  Si esto es así, la propuesta, desde una perspectiva positiva, implicaría contratar más personal (policial, inteligencia y pericial) sólo para investigar esos delitos. Sin duda también implicaría contratar personal para ocupar nuevas plazas de Ministerios Públicos en la PGR, especializados en esos delitos y responsables de procesar las carpetas de investigación y ejercer la acusación ante los jueces penales respectivos pues, de no ser así, sólo incrementaría más la saturación procesal de la PGR. Esta propuesta implicaría el cambio en la Ley orgánica de la PGR, la emisión del respectivo decreto de creación de la agencia y el crecimiento de su partida presupuestal.

Adicionalmente se puede comentar que Meade también propuso otras acciones nada factibles de aplicarse en el plazo no mayor de 100 días, como él mismo delimitó: cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado, aplicar el Código Penal Único y crear la ya mencionada AIC.

No obstante la imposibilidad de esta periodicidad exprés, además extrañamente definió que sus propuestas para la seguridad estaban implicadas en la rendición de cuentas: “Ni prevenimos con suficiencia ni disuadimos con la fuerza necesaria, pero sobre todo no investigamos. La inteligencia ayuda en la prevención pero no ayuda en la rendición de cuentas. La  rendición de cuentas implica el código penal único, la rendición de cuentas implica una Agencia de Investigación y la rendición de cuentas implica cuadruplicar la capacidad de investigación del Estado.” (Véase el Debate  https://www.youtube.com/watch?v=vcnldrnIWf0)

Para contextualizar la visión errónea de señor Meade, baste citar una definición de rendición de cuentas: “En una democracia, la rendición de cuentas tiene dos nociones básicas: por un lado, implica la obligación de políticos y funcionarios de informar sobre sus decisiones y de justificarlas en público y, por el otro, implica la capacidad de sancionar a políticos y funcionarios en caso de que hayan violado sus deberes públicos.” [1]

Si bien podemos estar de acuerdo en que no se investiga, donde no hay pies ni cabeza en las propuestas de Meade, es cuando señala erróneamente que sus propuestas están implicadas en la rendición de cuentas. Quizá estaba proponiendo una nueva y sorprendente concepción de la rendición de cuentas.

Esperemos  que los candidatos tomen muy en serio su papel de formuladores de soluciones de políticas públicas a los problemas sociales de violencia e inseguridad que golpean a la población, y que presenten ideas medianamente razonables y coherentes para formular sus propuestas de seguridad.