Venezuela acusó ayer a Estados Unidos de terrorismo
económico y de buscar la ruptura del diálogo con la oposición, al responder a
las nuevas sanciones que congelan todos sus activos en territorio
estadunidense, decisión que aplaudió el líder opositor Juan Guaidó.
Desde Lima, el asesor de Seguridada Nacional de Estados
Unidos, John Bolton, advirtió que el tiempo del diálogo terminó y ahora se ha
pasado a la acción. Asimismo, pidió aplicar más sanciones contra Caracas,
durante su participación en un encuentro en Lima al que asistieron medio
centenar de representantes de países que apoyan a Guaidó.
En contraste, Rusia y Cuba rechazaron las nuevas acciones
estadunidenses contra Venezuela, que incluyen el congelamiento de todos los
activos del gobierno bolivariano; además, los estadunidenses tendrán prohibido
participar en transacciones con cualquiera que se determine que respalda al
presidente Nicolás Maduro o a su gobierno. Los que apoyen al mandatario
venezolano tampoco podrán ingresar a territorio estadunidense, de acuerdo con
el decreto firmado anteanoche por el mandatario Donald Trump.
El gobierno bolivariano “denuncia ante la comunidad
internacional una nueva y grave agresión de la administración Trump con
acciones arbitrarias de terrorismo económico contra el pueblo de Venezuela,
manifestó la cancillería del país sudamericano.
Agregó que con esta nueva ofensiva, Washington y sus
aliados apuestan por el fracaso del diálogo político entre las delegaciones del
mandatario y de Guaidó, con la mediación de Noruega, ya que le temen a sus
resultados y beneficios.
Advirtió que no permitirá que esta tendenciosa escalada
de agresiones afecte las conversaciones, iniciadas en Oslo a mediados de mayo
pasado y trasladas a Barbados en julio.
Detalló que el bloqueo económico, financiero y comercial
ya en marcha ha ocasionado severas heridas en la sociedad venezolana durante
los últimos años, y sostuvo que el único objetivo es ahorcar al pueblo para
forzar un cambio de gobierno inconstitucional en el país.
Enfatizó que no conformes con el robo ilegal de la
petrolera Citgo y las sedes diplomáticas venezolanas, la Casa Blanca y sus
aliados procuran nuevas oportunidades y recursos para usurpar y saquear aquello
que le pertenece a los más de 30 millones de venezolanos.
Maduro, quien ya enfrenta un embargo petrolero
estadunidense desde abril y una serie de sanciones entre su principales
colaboradores, reiteró su voluntad inquebrantable de alcanzar acuerdos
nacionales en diferentes dimensiones, para fortalecer aún más la democracia y
garantizar el derecho del pueblo a vivir en paz.
El canciller Jorge Arreaza informó que su país enfrentará
la nueva orden ejecutiva con una arquitectura alternativa económica, que
incluirá el refuerzo de navieras y provedores de insumos básicos. Agregó que el
diálogo entre el gobierno y la oposición arrojará los primeros acuerdos, cuando
Estados Unidos deje de bombardear el proceso.
A su vez, la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez,
denunció que la orden es una amenaza social y para el comercio mundial que
busca frenar el desarrollo de las mesas de negociación.