Suman 147 amparos contra Aeropuerto de Santa Lucía

El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México ordenó suspender de manera definitiva el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y su construcción hasta que se cuente con todos los dictámenes y permisos que exigen las leyes.

Esta nueva orden judicial fue obtenida con motivo de los 147 juicios de amparo que promovió ante el Poder Judicial de la Federación el colectivo No Más Derroches, a fin de que se revise la legalidad de la cancelación del NAIM y asegure que el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía cuente con todos los dictámenes y permisos necesarios, en materia ambiental y de seguridad aeronáutica.

El colectivo No Más Derroches manifestó su confianza en que la resolución final de los jueces, e incluso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -si se llega hasta dicha instancia-, otorgue la razón en que “no es constitucional” desechar la inversión hecha en Texcoco.

El director de Litigio Estratégico en Mexicanos contra la Corrupción y promotor de amparos en contra de la cancelación del NAIM desde el colectivo #NoMásDerroche, Gerardo Carrasco Chávez, explicó que el colectivo ha interpuesto hasta el momento 147 juicios de amparo indirecto en materia administrativa en ocho entidades, esto debido a una estrategia, ya que los criterios de los jueces pueden ser diferentes.

Indicó que en la mayoría de los amparos, los jueces se han declarado incompetentes, por lo que han tenido que resolver jueces de Distrito. Argumentó que en todos los casos se está solicitando al Poder Judicial que declare si es constitucional la cancelación del NAIM en Texcoco.

Aseguró que el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México ordenó suspender de manera definitiva el proyecto de Aeropuerto Internacional de Santa Lucía y su construcción hasta que se cuente con todos los dictámenes y permisos que exigen las leyes, así como a preservar las obras ya realizadas en el aeropuerto internacional de México en Texcoco (NAIM).

Explicó que después de esta resolución, las autoridades del gobierno federal deberán hacer la contestación de la demanda, y advirtió que el procedimiento se puede prolongar en caso de que el colectivo decida ampliar sus argumentos.